Un importante grupo de 33 senadores demócratas -el mismo partido que el presidente estadounidense Joe Biden- pidieron a su gobierno que se designe un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS), un amparo migratorio, para El Salvador, Honduras y Nicaragua y otro para Guatemala debido a la situación humanitaria.

Los senadores expresaron su grave preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de covid-19 y las catástrofes naturales, que han contribuido a un repunte de la emigración de la región.

El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

El problema es precisamente ese, que los senadores están promoviendo una solución “temporal” que se sumaría -en el caso salvadoreño- a unos 200 mil connacionales que ya tienen ese estatus. No es la solución ideal pero ante el evidente retraso de la prometida reforma migratoria que hizo Biden durante su campaña, puede ser un camino para acabar con la incertidumbre.

Ciertamente la solución sigue siendo que Estados Unidos y otras naciones desarrolladas inviertan en la región para tener sociedades estables, prósperas, con instituciones democráticas sólidas y una justicia imparcial, sino seguiremos viendo las olas migratorias recurrentes desde estos países que sufren demasiado por las catástrofes naturales y las causadas por los hombres.