Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas internacionales. Además, se busca mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia económica, en un contexto de mejoras en la seguridad pública.
Un aspecto notable del acuerdo es la decisión de modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de aceptar esta criptomoneda como medio de pago, lo que refleja una respuesta a las preocupaciones del FMI sobre los riesgos asociados al uso obligatorio del bitcoin.
Este acuerdo también podría desbloquear financiamiento adicional de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sumando aproximadamente $3,500 millones, lo cual es crucial para abordar desafíos económicos, reducir la deuda pública y fortalecer las reservas internacionales.
En conclusión, el acuerdo con el FMI y las reformas asociadas reflejan una maduración en la política económica de El Salvador, buscando garantizar la estabilidad financiera y fomentar un entorno más seguro para la inversión y el desarrollo económico.
