La CEL confirmaba esta semana que el polémico proyecto hidroeléctrico, en San Luis de la Reina, en San Miguel, ya realizó sus primeras inyecciones de energía a la red nacional y que los motores de la central han generado 100 megavatios como parte de sus primeras pruebas de operación. Sin duda, una buena noticia para El Salvador.
Lamentablemente la historia de esa represa es un monumento a la ineficiencia y a la corrupción de los gobiernos anteriores. El proyecto inició con una inversión de $207.8 millones, pero en 2019 la CEL aseguró que el costo se triplicó y superaría los $759 millones, y que incluso no se tenían todos los terrenos para realizar las descargas.
CEL tuvo que asumir $200 millones en deuda por falta de operación de la represa hidroeléctrica pero ese solo es uno de los tantos costos que trajeron los contratos mal hechos en las administraciones anteriores. El costo de la corrupción en este caso, tiene un monto probable pero hay otros costos adicionales y otros tantos potenciales.
Hay una célebre historia de que hasta la montaña “movieron” para aumentar los costos de la construcción. No hubo tal movida de montaña sino otras movidas que el tiempo ha ido develando poco a poco.
El Estado salvadoreño debe vigilar los proyectos estatales con mucho celo para impedir que suceda otro caso como este en proyectos de infraestructura en el futuro. Los fondos públicos deben cuidarse y usarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad.