La cifra por supuesto es preocupante y parece una buena señal que la CCR haya puesto la mirada en esas irregularidades y aunque los montos irregulares fueron menores que el 2022, el monto de las condenas en juicios de cuentas fue, en 2023, ocho veces mayor que en 2022.
La mayoría de las condenas fueron atribuidas a instituciones del sector público y el resto a municipalidades. Las Cámaras de Primera Instancia emitieron 199 sentencias sobre municipalidades (58 %) y 147 sobre instituciones del sector público (42 %).
La Corte de Cuentas, que por muchos años fue considerada la Cenicienta del Estado y que dio finiquitos exprés a expresidentes que luego fueron condenados por corrupción, debe tomarse cada vez con mayor compromiso su labor y auditar con regularidad al mayor número de instituciones posibles para que los recurso del Estado se usen apropiadamente. El país ya ha sufrido demasiado con la corrupción en diversos niveles como para que el ciclo continúe.