La Asamblea Legislativa debate por estos días sobre una futura ley de justicia transicional, un tema que ya lleva años en discusión y que esta legislatura ha retomado.

Hay asuntos fundamentales que no se pueden obviar en una futura ley de justicia transicional y la primera de ellas es que no se puede permitir ninguna forma de amnistía hacia los crímenes de guerra y sus autores. Fue precisamente la amnistía de postguerra lo que fomentó una cultura de impunidad generalizada en la clase dirigente de este país.

Muchos de los abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, posteriores a la guerra, se hubieran evitado si no se hubiera fomentado ese borrón legislativo que la Sala de lo Constitucional acertadamente eliminó hace unos años. De manera que, como bien ha dicho Benjamín Cuéllar, la justicia transicional no se puede convertir en impunidad tradicional.

En estos días, los diputados debaten sobre la responsabilidad o no del Estado en la reparación económica a las víctimas del conflicto armado. En un país normal, por supuesto que eso sería lo ideal tomando en cuenta que muchos de los crímenes de guerra vinieron de parte de agentes del Estado, pero hay que ser realistas, El Salvador es un país pobre y el estado salvadoreño pasa por uno de sus momentos más difíciles en materia financiera como para cargarlo con esto.

Además hay una realidad, la gente busca más justicia y verdad que dinero. No hay compensación económica que pueda reponer la pérdida de seres queridos en el conflicto. La gente quiere saber además -en el caso de los desaparecidos- el destino de sus seres queridos, y como ejemplo basta ver el simbólico caso del poeta Roque Dalton. Esa justicia y verdad son fundamentales para sanar el pasado y mirar al futuro.