El próximo 1 de junio se vence el plazo para que Estados Unidos pueda elevar el techo de su deuda y poder cumplir sus obligaciones tanto dentro como fuera de su territorio. El problema económico lo profundiza una confrontación política derivada de dos visiones diferentes del gasto público, una discordia absoluta entre el presidente Joe Biden y sus opositores republicanos.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno no podría cumplir con sus pagos, afectando toda la actividad económica y con ello causaría graves perjuicios a la confianza de empresas y familias, además de aumentar los costes de financiación a corto plazo, se elevarían los intereses y se llevaría consigo las hipotecas, afectando a un gran porcentaje de estadounidenses.

Pero la catástrofe se extendería a los mercados estadounidenses, los más importantes del mundo, que arrastrarían a toda la economía mundial. Parte del problema, por ejemplo, es que Estados Unidos no podrían pagar a los inversionistas de los bonos del Tesoro, considerados hasta ahora los activos más seguros del mundo. Además, le causaría un fuerte impacto al dólar, la moneda más utilizada en el comercio y las transacciones financieras.

Todo esto traería consigo el riesgo de quiebras y efectos en cadena con una nueva crisis financiera mundial. El dólar, en tanto, se depreciaría muy fuertemente. Todo esto sin recuperarnos aún de la crisis generada por la pandemia y sus derivados.

De manera que este no es un problema exclusivo de los Estados Unidos y su política polarizada. Nos traería serias consecuencias a países como El Salvador, que encima tenemos nuestra economía dolarizada y afectaría muy probablemente la cantidad de remesas que recibimos y las exportaciones a nuestro principal mercado. Un escenario preocupante.