Es una modalidad inédita en el país y por eso es fundamental que cuente con todas las herramientas de seguridad que fortalezcan la credibilidad de esa votación. Es natural que en todo proceso electoral haya sectores que cuestionen las votaciones -así ha sido a lo largo de nuestra historia-, y de ahí la importancia que se contrate a la empresa más eficiente, capaz y correcta.
Por eso sorprende que entre las ofertantes esté una empresa sancionada por Estados Unidos por proveer el software usado por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020. Hay un consenso generalizado en las Américas que las elecciones venezolanas han carecido de la más mínima transparencia y credibilidad y de ahí que Maduro y sus legisladores han sido calificados de ilegítimos durante los últimos años. Una empresa que contribuyó a eso debe ser descalificada de entrada por las autoridades electorales salvadoreñas.
Pero, además, el proceso del voto electrónico debe contar con una empresa auditora para certificar su correcta aplicación. Eso va a fortalecer los resultados y dar certeza a los ganadores del proceso y a la estabilidad política del país.
El voto electrónico tiene muchos retos en la parte tecnológica, pero su principal desafío del voto electrónico es su credibilidad, respetar la voluntad del votante, en unas elecciones transparentes y libres que garanticen la estabilidad democrática de El Salvador.