El lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho..

Exactamente eso es lo que ha estado sucediendo en Guatemala contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien desde su sorprendente paso a la segunda vuelta, ha recibido una persecución legal inédita de parte de la fiscalía guatemalteca, dirigida, por cierto, por dos personajes sancionados por Estados Unidos por sus evidentes actos de corrupción.

La Fiscalía guatemalteca ha impulsado una serie de procesos contra Arévalo, contra su partido Semilla, contra el Tribunal Supremo Electoral y contra toda institución que reconozca el triunfo electoral. El llamado “pacto de corruptos” de Guatemala controla las instituciones y las mueve a su antojo, cual piezas de ajedrez, para intentar impedir que Arévalo asuma el poder el 14 de enero próximo.

El presidente Alejandro Giammattei y la fiscal Consuelo Porras, son los principales impulsores de lo que Arévalo ha llamado “un golpe de Estado en cámara lenta”. La pregunta es si Arévalo logrará asumir el poder debido a esta barbarie judicial en su contra o si ese pacto de corruptos terminará nombrando a un presidente interino que les permita continuar dilapidando el tesoro público a su antojo y persiguiendo a todos los opositores.