Cada aniversario de la masacre de El Mozote revive un profundo dolor que El Salvador no puede, ni debe, olvidar. A 43 años de uno de los episodios más oscuros de la guerra civil salvadoreña, los familiares de las más de 1,000 víctimas siguen reclamando justicia y verdad. Su lucha no es solo un acto de memoria; es un grito que desafía la impunidad y exige un cierre digno para una herida que sigue abierta en la conciencia nacional.



El Mozote no fue simplemente una tragedia, sino un crimen de lesa humanidad, un recordatorio del costo brutal de la guerra y de las deudas históricas que aún arrastramos. Las atrocidades cometidas por el Batallón Atlacatl, según investigaciones y testimonios, fueron desproporcionadas, deliberadas y dirigidas contra civiles inocentes, incluidos cientos de niños. Este evento desnudó el rostro más cruel de la violencia de Estado y marcó a generaciones enteras.

Sin embargo, la falta de justicia sigue siendo una afrenta para las víctimas y sus familias. Los avances judiciales han sido mínimos y la derogación de la Ley de Amnistía, aunque representó un paso importante, no ha sido suficiente para garantizar que se esclarezcan los hechos ni que los culpables rindan cuentas.



El Estado salvadoreño tiene la obligación ética y legal de avanzar en las investigaciones y sancionar a los responsables. No hacerlo perpetúa un ciclo de impunidad que envía un mensaje devastador: que la justicia puede ser esquiva para los más vulnerables y que los crímenes más graves pueden quedar sin castigo.

Además de la justicia, El Mozote también demanda memoria. Recordar no es solo un acto de respeto hacia las víctimas, sino una herramienta esencial para que tragedias como esta no se repitan. Negar u olvidar esta masacre es un acto de complicidad con la violencia del pasado. Es responsabilidad de la sociedad salvadoreña, en su conjunto, honrar la memoria de El Mozote y reconocer las consecuencias de un conflicto que dejó cicatrices profundas.