Esa frase bien podría aplicarse en estos días a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afectada por un escándalo denominado el Rolex-Gate. El escándalo ha desatado una nueva crisis política en Perú, tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta y el Palacio de Gobierno por un equipo policial y fiscal que buscaba los relojes de lujo no declarados por la mandataria.
La fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que no los habría declarado dentro de sus bienes. Las indagaciones comenzaron el 18 de marzo, luego de una denuncia periodística.
Entre gran expectación, la presidenta hizo un pronunciamiento junto a todo su gabinete en el que definió lo ocurrido en su domicilio y Palacio de Gobierno como "arbitrario, abusivo y desproporcionado y afirmó que nunca ha existido ni rehusamiento ni rebeldía de su parte frente a la investigación fiscal. Pero el problema es que Boluarte no ha explicado el origen de los relojes.
Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyera al mandatario izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto. En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
Al menos seis ministros han renunciado tras el escándalo en un gobierno bastante débil y acechado por una permanente turbulencia política.
Volviendo a Gayo Julio César, el asunto es que el servidor público debe ser honrado por supuesto, pero también parecerlo.