Varios de los líderes más prominentes del Cosep -que por más de una década apoyó al régimen de Ortega- fueron encarcelados en 2021 y desterrados en febrero pasado, junto a más de 200 nicaragüenses a los que además, se les despojó de su nacionalidad.
Esta cancelación jurídica es parte de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y debilita más el frágil ambiente empresarial, y vulnera la seguridad jurídica de las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el país. Nicaragua es un destino incierto para los negocios debido al capricho de la pareja gobernante, cruel y abusiva. No sería raro que luego vinieran confiscaciones generalizadas contra empresaras como en los años 80 cuando Ortega también gobernaba.
El ataque del régimen de Ortega se extendió también esta semana a la ONG católica Cáritas, así como a dos universidades privadas, sumándose así a la lista de cientos de organizaciones no gubernamentales cerradas en los últimos meses y marcando una nueva brecha entre el Gobierno y la Iglesia Católica.
Un régimen como el de Nicaragua es un terrible ejemplo para toda Centroamérica, es una dictadura que ha destruido el país y a su gente con su intolerancia, su corrupción y su represión absoluta contra toda voz crítica, incluyendo la Iglesia Católica. Eso ha provocado que el número de exiliados nicaragüenses se haya disparado a niveles nunca vistos en tres décadas.