Lo ocurrido en los últimos años en Nicaragua es escandaloso. Durante los últimos cinco años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han causado la muerte de más de 300 manifestantes, ha encarcelado a medio millar de opositores, ha desterrado a más de 300 nicaragüenses y los ha despojado de su nacionalidad y de sus propiedades. Además, la dictadura ha perseguido y encarcelado a sacerdotes católicos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez.
Cientos de miles de nicaragüenses se han tenido que exiliar ante la persecución de la dictadura que también ha cerrado todos los medios de comunicación independientes y al menos una treintena de universidades privadas. Las pocas que quedan están ante un cierre inminente y se teme que los colegios católicos sean la próxima víctima de la barbarie.
Ninguna inversión nacional o extranjera está segura en Nicaragua, el capricho de la dictadura acabó con toda seguridad jurídica o Estado de Derecho. La Nicaragua de los Ortega-Murillo un estado forajido, criminal, cruel, cobarde y asesino. La confiscación del Incae solo es un signo más de la barbarie que vive Nicaragua y por eso ningún gobierno o institución que se precie de decente debe estar cerca de esa dictadura.