La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua y seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas” marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen transnacional.

No es la primera vez que la MS-13 es considerada una organización terrorista. En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la clasificó de esa manera debido a sus métodos violentos y su capacidad de desestabilización social. Sin embargo, el concepto de “terrorismo” suele vincularse con motivaciones ideológicas o políticas, mientras que estas organizaciones criminales operan con un fin esencialmente lucrativo. La diferencia no es menor: al equipararlas con grupos como Al Qaeda o ISIS, Estados Unidos podría justificar el uso de herramientas más agresivas para combatirlas, incluyendo sanciones económicas, bloqueos financieros y operaciones más directas contra sus miembros.

Pero la pregunta clave es si este enfoque será efectivo. La experiencia sugiere que las designaciones de este tipo rara vez resuelven el problema de raíz. La MS-13, por ejemplo, se fortaleció en gran parte debido a las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos a Centroamérica en los años 90, lo que facilitó su expansión en El Salvador, Honduras y Guatemala. Del mismo modo, el Tren de Aragua ha crecido gracias al colapso institucional en Venezuela y a la migración forzada, aprovechando redes criminales que cruzan fronteras con facilidad.

Por otro lado, esta medida también puede tener consecuencias políticas. La inclusión del Tren de Aragua en la lista de terroristas refuerza la narrativa de que Venezuela es un Estado fallido incapaz de controlar sus propias bandas criminales, lo que podría utilizarse como argumento en futuras sanciones o presiones diplomáticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de los cárteles mexicanos, el impacto dependerá de cómo responda el gobierno de México.

Más allá de la etiqueta, lo cierto es que estas organizaciones han causado estragos en las comunidades que dominan. Pero combatirlas requiere más que designaciones simbólicas: se necesita cooperación internacional efectiva, inteligencia financiera para desmantelar sus redes de lavado de dinero y, sobre todo, estrategias de prevención que eviten que jóvenes marginados vean en estas bandas su única alternativa de vida. El Salvador tiene experiencia con el combate a las pandillas y cómo ha recuperado la seguridad.