La demencial dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han retomado esta semana sus espeluznantes instrumentalizaciones institucionales para reiniciar los juicios exprés en los que condenan a opositores políticos, periodistas y estudiantes teniendo como “pruebas” tuits en los que expresan críticas al regimen.

Si no fuera tan serio el asunto, sería de risa, pero resulta que todos los testigos son policías que “les contaron” sobre los tuits o sobre mensajes de WhatsApp en los que los acusados expresaban sus opiniones contrarias a la dictadura. En otro caso que ronda el absurdo, un acusado fue condenado porque un policía relató que un vecino le contó que el indiciado había comprado pintura azul y blanco, los colores patrios usados en las protestas antigubernamentales.

Eso no ha bastado. Los diputados del regimen -hay que recordar que no hubo oposición política permitida en la última elección- han despojado de su personería jurídica a docenas de ONGs y a media docena de universidades privadas, incluyendo una que fue icono de las protestas en 2018, dejando en el limbo a miles de estudiantes y docentes.

Los Ortega-Murillo han convertido a Nicaragua en un país sin democracia, sin medios de comunicación porque todos han sido prohibidos o perseguidos, sin periódicos impresos porque todos fueron cerrados, sin libertades, sin jóvenes, sin pensamiento crítico, sin sociedad civil porque todos los ONG son perseguidos, sin derechos humanos y sin universidades. Todo en nombre de una familia que pretende perpetuarse en el poder con total impunidad, abusando de los más elementales derechos de su ciudadanía y acabando con todo atisbo de libertad. Es la edad de piedra en Nicaragua.