La Asamblea Legislativa retiró el martes un proyecto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que en resumen, entrega mayor poder administrativo al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), disminuye las candidaturas para seleccionar a los comisionados del IAIP, permite no realizar audiencias en casos de apelación y faculta a reservar información oficiosa.
La oposición ha calificado de “vergonzoso” que esté considerando restarle, restringirle, a la población salvadoreña su derecho de acceso a la información pública, al considerar la posibilidad de declarar información reservada que es pública, oficiosa. Igual preocupación han manifestado diversas organizaciones de la sociedad civil.
La Ley de Acceso a la Información Pública ha probado ser una herramienta sumamente útil y necesaria para el combate a la corrupción en El Salvador. Fue esa la herramienta fundamental que permitió iniciar una serie de investigaciones sobre los abusos de poder y la corrupción en los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes. La misma ley fue determinante para revelar las irregularidades de la cuestionada administración de Sigfrido Reyes en la Asamblea Legislativa, algo que precisamente fue denunciado por el actual presidente del parlamento esta semana.
De manera que hay que considerar que la Ley de Acceso a la Información Pública lejos de cortarle alas, debe seguir siendo un instrumento fundamental para el control ciudadano y para la transparencia, fundamental para un buen gobierno.
