Existe una extendida preocupación a nivel nacional e internacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el país necesita para desahogar sus graves problemas fiscales.
El Gobierno salvadoreño le solicitó en 2020 al FMI un programa de financiamiento de $1,300 millones que le permitiera realizar un ajuste fiscal para corregir las deficiencias en las finanzas públicas. Se esperaba que este acuerdo estuviera listo a mediados de 2021, pero las negociaciones se retrasaron por tensiones políticas internas y con Estados Unidos, a eso se le ha sumado la controvertida adopción del bitcoin como moneda de curso legal, algo que precisamente esta semana, el FMI ha pedido que se deje de utilizar.
En gran medida, ese acuerdo es fundamental porque el Gobierno de El Salvador debe honrar el vencimiento de $800 millones de bonos en 2023. De no hacerse, esto podría traer graves riesgos a la economía salvadoreña a nivel macro y a nivel micro. Los Eurobonos son un instrumento de deuda al que se pueden acceder distintos países y empresas, en el mercado internacional. El gobierno se compromete a pagar una tasas de interés cada año y después se cancela, al final del periodo de emisión, el capital por el que fue hecho el préstamo. Pero el país en este momento tiene dificultades para honrar esa deuda y por eso necesita el acuerdo con el FMI.
Si llegamos cerca o a un impago, se podría alcanzar un cierre de financiamiento ante los organismos internacionales, y así si un banco sale a pedir un préstamo a nivel internacional el pago de interés será mucho más alto, evidentemente eso redunda en el público que tendrá que pagar mayores intereses. Esperemos que el gobierno genere las condiciones para alcanzar ese acuerdo porque el país no se puede tirar hacia mayores niveles de riesgo.
