Los hechos que la Fiscalía atribuye a esta banda ocurrieron entre los años 2015 y 2018 en momentos que los furgones circulaban por las carreteras del punto fronterizo El Poy, Chalatenango, carretera Las Chinamas, Ahuachapán, Santa Ana, desvío a San Juan Opico y Quezaltepeque, carretera de oro, San Martín, San Vicente.
Casi no hay rubro de negocios que no hubiera quedado afectado por esta estructura delincuencial que perseguían a los furgones o vehículos de carga, privaban de libertad a los conductores y se llevaban los productos a bodegas para descargar la mercancía que luego redistribuían especialmente en la zona del Mercado Central de San Salvador.
El proceso ha dejado claro el modus operandi de estas bandas y cómo han afectado a docenas de empresas nacionales y extranjeras con una sofisticación propia del crimen organizado.
Seguramente no será la única banda que ha operado en el país pero es aleccionador conocer tanto detalle, de tal manera que es también una forma de que las autoridades tengan mayor conocimiento y puedan enfrentarlos con mayor firmeza. Es de esperar que el tribunal que sigue este proceso condene a los responsables de estos delitos de manera ejemplarizante para tranquilidad de las empresas que tantas pérdidas han afrontado con sus acciones.