El anuncio de Donald Trump sobre deportaciones masivas y la posible eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento representa una amenaza directa para miles de salvadoreños que residen en Estados Unidos. Estas medidas no solo afectarían profundamente a las familias migrantes, sino que también tendrían repercusiones sociales, económicas y políticas en El Salvador.
Las remesas enviadas por los salvadoreños en Estados Unidos representan una columna vertebral de la economía nacional, aportando alrededor del 24% del PIB en 2023. Las deportaciones masivas pondrían en riesgo este flujo vital, ya que miles de familias perderían su principal fuente de ingresos. Esto no solo afectaría la estabilidad financiera de los hogares receptores, sino que también podría desacelerar el crecimiento económico del país, intensificando la desigualdad y aumentando la pobreza.
Por otro lado, la llegada de deportados en masa complicaría aún más un mercado laboral ya saturado. La falta de oportunidades podría empujar a muchos de ellos hacia la informalidad o, peor aún, aumentar la vulnerabilidad frente a las estructuras criminales que todavía operan.
La política de deportar a familias completas o separarlas plantea una crisis humanitaria. Muchas familias salvadoreñas en Estados Unidos tienen un estatus migratorio mixto, con algunos miembros ciudadanos y otros indocumentados. La decisión de Trump de “mantenerlos juntos enviándolos a todos de regreso” representa una ruptura emocional y social que dejaría a los más jóvenes desarraigados y vulnerables.
El Salvador enfrenta un desafío diplomático significativo. El gobierno deberá negociar con la administración estadounidense para proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y mitigar el impacto de estas medidas. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado, Trump parece inflexible en este tema y es un gobernante transaccional.
El posible fin de la ciudadanía por nacimiento, aunque jurídicamente difícil de implementar, refleja un cambio hostil hacia los inmigrantes y sus descendientes. Si se lograra avanzar en esta medida, miles de niños de origen salvadoreño quedarían en un limbo legal, aumentando su riesgo de deportación y afectando aún más la estabilidad de sus familias.
