La decisión judicial se deriva de la denuncia hecha la semana pasada por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en el que revelaba la suspensión del sacerdote de su ejercicio religioso.
Tristemente no es el único caso que se ha dado en el país y mucho menos en el mundo. Y es positivo que haya sido el propio arzobispo quien haya hecho la denuncia porque eso muestra que, a diferencia de otros países, no hubo encubrimiento ni traslado de parroquia ni otras irregularidades similares.
Precisamente ayer el Papa Francisco advertía de que ante las situaciones de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón y sostuvo de que la Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos”.
El papa también ha señalado que “su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan”.
Y eso es precisamente lo que los feligreses y la ciudadanía en general esperan, que no se repitan esos casos. Un sacerdote debe ser un acompañante espiritual, un ejemplo de moralidad en la sociedad y abusar de la buena fe de las personas y abusar sexualmente de ellas, especialmente menores de edad, es abominable, asqueroso, condenable bajo todo punto de vista. La Iglesia Católica y todas las denominaciones religiosas no deben consentir ni encubrir jamás conductas de este tipo entre sus religiosos.