El anuncio de la firma calificadora Moody’s de mejorar la calificación crediticia de El Salvador por parte de Moody’s, marca un momento significativo para la economía salvadoreña que refleja una percepción favorable del manejo de la deuda y las políticas fiscales impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es una noticia alentadora, exige un análisis cuidadoso para entender tanto los avances como los retos estructurales que persisten.
La decisión de Moody’s destaca varias medidas clave adoptadas por el gobierno salvadoreño. La recompra de bonos, que permitió un ahorro de $745 millones, junto con una drástica reducción de la deuda de corto plazo, ha aliviado las presiones de liquidez y mejorado la percepción del mercado. Además, el presupuesto 2025, basado en principios de austeridad fiscal, parece apuntar hacia una sostenibilidad de la deuda más sólida.
Estas acciones no solo han contribuido a estabilizar las finanzas públicas, sino que también han mejorado el sentimiento inversor, reflejado en la recuperación del valor de los bonos soberanos y en la reducción de los diferenciales de riesgo. Moody’s reconoce este esfuerzo como un paso hacia la consolidación de un historial de políticas económicas más consistentes, impulsado por un equipo tecnocrático dentro de las instituciones económicas.
Además, otro factor crucial señalado por Moody’s es la mejora estructural en materia de seguridad. La disminución de la violencia, que ha sido un problema histórico y endémico en El Salvador, ha creado un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico. Esto sugiere que las políticas gubernamentales están generando beneficios más allá del ámbito financiero, con un potencial impacto positivo en el desarrollo social y económico del país.
Sin embargo, no todo es optimismo. El informe subraya limitaciones significativas en la capacidad de pago de la deuda, la debilidad institucional y los desafíos de gobernanza. Aunque la austeridad fiscal es esencial para la sostenibilidad de la deuda, también plantea interrogantes sobre su impacto en los sectores más vulnerables de la población. Además, los riesgos climáticos y sociales, como la vulnerabilidad agrícola y la necesidad de atender la demanda en áreas clave como vivienda, salud y educación, son aspectos que requieren atención urgente.
El Salvador todavía enfrenta retos en términos de fortalecimiento del estado de derecho y lucha contra la corrupción. La mejora en la percepción de los mercados no puede sustituir la necesidad de reformas estructurales que garanticen una gobernanza más efectiva y transparente.
La mejora de Moody’s es, sin duda, un logro importante, pero no debe interpretarse como una resolución definitiva de los problemas económicos del país. Es un punto de inflexión que abre la puerta a nuevas oportunidades, pero que exige una implementación rigurosa de políticas responsables y sostenibles. El desafío para el gobierno radica ahora en mantener este impulso positivo, asegurando que las medidas de austeridad no comprometan el bienestar social y que las inversiones en infraestructura y crecimiento económico sean equitativas y sostenibles.
