La Fiscalía acusó ayer a seis soldados por la violación de una niña de 13 años de edad, en la playa Mizata, el pasado sábado 23 de septiembre. El caso ha estremecido a la sociedad salvadoreña y hasta el propio presidente de la República se ha pronunciado para reclamar castigo por este asqueroso delito.

Tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil han sido desplegadas para dar seguridad a la población, para protegerla de la criminalidad y especialmente del accionar de las pandillas. Que seis soldados se comporten como delincuentes y se ensañen en un grupo de adolescentes y violen a una menor es inaceptable, intolerable.

Que un soldado haya violado a una menor es gravísimo pero que sus cinco compañeros de patrulla hayan sido cómplices y no hayan intervenido ante un evidente acto criminal, es todavía más preocupante. De manera que no solo el autor directo de la violación se merece el castigo más fuerte sino también sus cómplices.

Este caso debe ser ejemplarizante, la población debe tener claro que conductas como estas no van a ser toleradas por las autoridades entre sus miembros y que por muy uniformados que estén, no tienen derecho a abusar de ningún ciudadano y mucho menos de agredir sexualmente a una menor de edad.

Nuestra población debe tener la certeza de que ningún uniformado puede pasar por encima de la ley. Y las autoridades deben hacer prevalecer la confianza en la población que estos casos no van a quedar impunes ni hoy ni mañana.