La derogatoria de un inciso del Código Penal y de una disposición establecida por la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, son un paso en la dirección correcta.
Cuando la reforma derogada este jueves se aprobó, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó que la ambigüedad con la que estaba redactada y la arbitrariedad en su aplicación podía amenazar la libertad de periodistas que informan sobre las pandillas, específicamente sobre treguas o extradiciones. Afortunadamente, ningún periodista o medio de comunicación fue procesado por esa reforma pero era una amenaza latente que finalmente se ha corregido.
Ni los periodistas ni los medios de comunicación somos enemigos del Estado y compartimos el repudio por el profundo daño que han causado las pandillas y el crimen organizado contra la población.
La relación entre medios y autoridades es por naturaleza complicada, compleja, pero es un error pretender limitar el trabajo de los medios o penalizar sus publicaciones. De manera que esto es sin duda una corrección necesaria, correcta para el sistema de libertades que debe prevalecer en El Salvador.