La Casa Blanca denunció este sábado que un nuevo buque petrolero interceptado frente a las costas de Venezuela operaba bajo bandera falsa y formaba parte de la llamada “flota fantasma” del Gobierno de Nicolás Maduro, utilizada para evadir sanciones internacionales y financiar sus operaciones con petróleo venezolano.
“El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.
Anna Kelly, portavoz del presidente Donald Trump en X.
El buque interceptado, identificado como Centuries y con bandera panameña, fue capturado en el mar Caribe. Según informes del New York Times, no se encuentra en la lista oficial de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y presuntamente pertenece a una empresa petrolera con sede en China, dedicada al transporte de crudo venezolano hacia refinerías asiáticas.
Esta es la segunda incautación de un buque en menos de una semana por orden directa del presidente Trump, quien días antes había ordenado la confiscación del buque Skipper y del crudo que transportaba. Tras ese operativo, el mandatario impuso un bloqueo total al ingreso y salida de buques sancionados desde Venezuela.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones son parte de su estrategia para frenar el financiamiento ilícito del régimen venezolano. El miércoles, Trump acusó a Caracas de haber “arrebatado los derechos petroleros” a empresas estadounidenses.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compartió un video del operativo militar en el que participaron la Guardia Costera y fuerzas armadas estadounidenses. “Seguiremos persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, añadió en su cuenta oficial.
Desde agosto, el Gobierno de Trump ha intensificado su campaña antidrogas en el Caribe, con un despliegue militar que ha destruido al menos 30 embarcaciones vinculadas al narcotráfico y abatido a más de un centenar de sus ocupantes, según cifras oficiales.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó lo que calificó como un “acto de piratería”, denunciando el “robo y secuestro” de un buque privado con crudo venezolano. Caracas también alertó sobre la supuesta “desaparición forzada” de la tripulación, calificando la operación como una violación del derecho internacional.
