En el caso de explotación laboral de adolescentes migrantes que ha puesto en jaque a la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, al exponer que este problema incluso ha resultado en la muerte de doce menores desde 2017, el Departamento del Trabajo informó que casi 4,000 niños migrantes han sido explotados laboralmente en este país el año pasado, lo que significa un aumento del 69% desde 2018, según una publicación de Univisión.
De acuerdo al informe el problema creció durante los gobiernos de Donald Trump y de Biden, cuando miles de menores cruzaron solos la frontera y se integraron a la fuerza laboral para pagar las cuotas de los coyotes que los trajeron desde Centroamérica, mantenerse aquí y enviar dinero a sus familias.
Más de 800 empresas aprovecharon esa mano de obra barata e incluso pusieron a esos adolescentes a realizar trabajos muy peligrosos, según el gobierno federal.
Una investigación del periódico The New York Times fue más explícita y puso los reflectores sobre más de 100 niños migrantes que se dedicaban a lavar platos, repartir comida, hornear pan, construir casas, lavar sábanas de hoteles, confeccionar prendas de vestir y fabricar autopartes.
Estos menores usaban permisos de trabajo falsos que ocultaban sus verdaderas edades y nombres. En tanto, quienes los recibían en EEUU les exigían trabajar, el gobierno no tomó el problema con seriedad y las empresas evitaron sanciones culpando a sus contratistas, según el reportaje del Times.
El diario neoyorquino afirma que algunas compañías cuyos productos fueron hechos con trabajo infantil son Ben & Jerry's, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, Walmart, Whole Foods y Target.
En respuesta a la investigación del Times, la administración Biden anunció que implementará acciones más agresivas para combatir este tipo de explotación laboral y advirtió que se enfocará en las empresas que se están beneficiando del problema.
Su iniciativa incluye realizar nuevas investigaciones en zonas del país donde se registran más casos y plantea solicitarle al Congreso que aumente las multas. Actualmente, si se verifica la infracción, deben pagar $15,000 por cada menor que hayan contratado indebidamente.
“Todos los niños de este país, independientemente de sus circunstancias, merecen la protección y el cuidado que esperaríamos para nuestros propios hijos”, dijo en un comunicado Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, una dependencia que el año pasado recibió a más de 130,000 menores no acompañados, tres veces más que hace cinco años.
