La Contraloría General de Panamá presentó una denuncia penal contra Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, y antiguos directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por presuntas irregularidades en el manejo de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las cercanías del Canal de Panamá.
La acción judicial fue presentada el pasado 17 de noviembre ante el Ministerio Público, después de que una auditoría identificara posibles incumplimientos y hechos que podrían constituir delitos contra la administración pública. La investigación abarcó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los estados financieros correspondientes al período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2024.
La Contraloría explicó que el examen permitió identificar «posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública», aunque no detalló los hallazgos específicos. La institución solicitó a la Fiscalía que se «investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal».
La denuncia también involucra a antiguos funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá que ocuparon cargos de dirección y administración entre 2014 y 2023. «La acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante dicho período, y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.», precisó la Contraloría.
Por su parte, la AMP manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. «La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como ente rector del sector marítimo en Panamá, se pone a entera disposición del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones correspondientes, ante la denuncia penal presentada por la Contraloría General, relacionada con la auditoría realizada a la empresa Panamá Ports Company», señaló en un comunicado difundido este jueves.
Conflicto por los puertos del Canal de Panamá
Panama Ports Company dejó de operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, en febrero pasado, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales tanto la concesión otorgada en 1997 como su prórroga automática de 2021. La resolución respondió a recursos presentados por la Contraloría y puso fin a la operación de ambas terminales por parte de la filial de CK Hutchison.
Tras la anulación del contrato, el conglomerado chino presentó demandas de arbitraje internacional que suman $3,500 millones, según información de la empresa y de abogados de PPC en Panamá. La disputa provocó tensiones diplomáticas entre Panamá y China, cuyo Gobierno advirtió que defendería los intereses de sus compañías. Durante ese período también aumentaron las detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, aunque las autoridades de Panamá señalaron que esa situación ya terminó.
El conflicto portuario también estuvo marcado por las presiones de Estados Unidos, que denunció una supuesta influencia china sobre el Canal de Panamá debido a la presencia de CK Hutchison en ambas terminales. Paralelamente, Pekín impidió que el conglomerado con sede en Hong Kong concretara la venta de unas 40 terminales portuarias alrededor del mundo, incluidas las panameñas, a un consorcio encabezado por la firma estadounidense BlackRock.
