Los dueños de una lavandería comercial en el Este de EEUU y dos gerentes de la misma fueron sentenciados esta semana en Virginia, a condenas de entre dos y cinco años de prisión por dirigir una empresa de tráfico y explotación laboral, que "contrabandeó" a más de cien de sus empleados desde El Salvador, incluidos menores de edad, a los que registró con documentación falsa.

Después de declararse culpables, los propietarios Jeffrey Vaughan y George Evans fueron sentenciados el martes a más de cuatro años de prisión y dos años y medio de prisión, respectivamente por liderar “una empresa familiar de tráfico de mano de obra”.

También en este caso fue condenada a cinco años de cárcel la salvadoreña Ana Patricia Aragón Landaverde, gerente de servicios de limpieza señalada de tráfico y explotación, y el guatemalteco Salvador Jerónimo-Sis, acusado de crear documentos de identidad falsos para las víctimas, por lo que cumplirá una condena de casi dos años de prisión.

“Los sujetos de esta investigación perpetuaron una empresa de tráfico laboral donde los niños fueron obligados a trabajar muchas horas en condiciones inhóspitas”, detalló Jim Stitzel, agente especial adjunto a cargo de Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional Norfolk (HSI), en Virginia. “Estos delincuentes operaban una empresa de tráfico de mano de obra basada en la familia donde contrabandeaban su fuerza laboral a los Estados Unidos desde El Salvador", aseguró.

Inicialmente la investigación sobre este escandaloso caso comenzó 2021 luego que conocidos de las víctimas denunciaron los malos tratos de los que eran objeto por parte de los gerentes de Magnolia Cleaning Services.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso The Washington Post (TWP) narran la cadena de explotación y abuso que los investigadores dicen haber descubierto en el negocio que operaba en el barrio neoyorquino de Williamsburg.

Según esos documentos, los propietarios y gerentes de Magnolia Cleaning Services reclutaron trabajadores, a menudo entre 14 y 25 años, provenientes de Centroamérica. Los fiscales dijeron que la compañía facilitó su viaje a los Estados Unidos y Virginia y les proporcionó números de Seguro Social falsos y un lugar para quedarse en la lavandería, donde eran esclavizados bajo amenazas.

A los trabajadores se les dijo que sus "tarifas de contrabando" eran una deuda con la empresa y que debían pagarlo, dijo el agente Stitzel, que también describió malos tratos, agresiones y otros abusos físicos.

Salvadoreños esclavizados

También tenían que pagar el alquiler de su alojamiento en el almacén, que carecía de aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Esos alojamientos fueron "privados de las necesidades básicas de vivienda, como una cocina o duchas", dijo Jessica Aber, fiscal federal para el Distrito Este de Virginia citada por TWP.

“Los delincuentes en estos casos de trata se basan en una narrativa de que la sociedad no se preocupa por las víctimas para controlarlas y abusar de ellas. Nadie, independientemente de su edad, estatus social, estatus migratorio o historia personal, merece que se exploten sus cuerpos o sus esfuerzos para beneficio de los demás”, recalcó la fiscal Aber.

La investigación reveló además que entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2022, los registros de la empresa reflejan aproximadamente 120 empleados con números de Seguro Social supuestamente inválidos o que no coinciden, así como pagos de salarios de más de $1.2 millones a esos empleados.

Los investigadores descubrieron que la salvadoreña Ana Patricia Landaverde, de 47 años, y los empresarios Vaughan y Evans se dedicaron al tráfico de personas desde Centroamérica y se beneficiaron del trabajo forzoso, que una víctima fue traída a los Estados Unidos a la edad de 13 años y obligada a trabajar de noche mientras asistía a la escuela durante el día, según informe divulgado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estos dueños de negocios se enriquecieron a través de esta empresa brutal utilizando documentos de identificación fraudulentos y lavado de dinero para falsificar sus registros de salarios y solo beneficiarse de las ganancias”, agregó Aber. “Estos individuos mintieron, manipularon y amenazaron a sus víctimas utilizando el miedo para atraparlas en situaciones inhumanas”, lamentó.

En esta investigación participaron diez agencias federales, policiales y judiciales del noreste de EEUU.