El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, lo que da paso a la apertura de un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La decisión contó con 93 votos a favor, con lo que se activa formalmente el proceso legislativo que busca determinar responsabilidades políticas del funcionario, en un contexto de creciente tensión dentro del Parlamento.

La medida surge tras denuncias de diputados que señalan actuaciones irregulares durante su gestión, especialmente en el marco del proceso electoral y en los días previos a las elecciones generales de 2025.

Según los señalamientos, la Fiscalía habría ejecutado acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.

«No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño», aseveró el propio Zelaya en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En esa misma línea, el fiscal general aseguró que enfrenta el proceso “con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó la medida tras una sesión marcada por la polarización, destacando que es la primera vez en la historia del país que se admite un juicio político contra un alto funcionario con su respectiva suspensión.

Para llevar adelante el proceso, el Parlamento conformó una Comisión Especial integrada por nueve diputados, quienes serán los encargados de analizar el caso y emitir conclusiones.

Mientras avanza el procedimiento, el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, asumirá la titularidad de la Fiscalía de forma interina.

Además, el Congreso prevé analizar en los próximos días otras denuncias contra altos funcionarios, incluyendo al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.