La Santa Sede está "particularmente preocupada" con "las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la iglesia, que afectan directamente a la sensible cuestión de la libertad religiosa", dijo el cardenal en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El cardenal instó al gobierno de Ortega, a que "garantice adecuadamente esta libertad junto con otros derechos fundamentales", antes de manifestar la disposición del Vaticano a entablar un "diálogo respetuoso y constructivo" con las autoridades del país.
El gobierno de Daniel Ortega expulsó el pasado 7 de agosto a siete sacerdotes nicaragüenses del país.
Ortega y su esposa Rosario Murillo acusan a la Iglesia católica de apoyar las protestas de 2018 contra el gobierno que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Los siete sacerdotes formaban parte de un grupo de 13 religiosos que habían sido detenidos por la policía nicaragüense días antes en la ciudad de Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, se habrían producido al menos 73 detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, según el periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos Emiliano Chamorro.
El gobierno de Ortega excarceló en enero a dos obispos católicos, entre ellos Rolando Álvarez, y a otros religiosos y los envió a Roma.