La iniciativa, revelada por el medio estadounidense Politico, incluye una cláusula que permitiría declarar parte del complejo penitenciario como “territorio estadounidense”, a fin de eludir los obstáculos legales de una deportación convencional y ampliar las capacidades de confinamiento fuera del territorio continental.
El plan propuesto por Prince y su firma 2USV —registrada esta semana en Wyoming— contempla que el gobierno de EE. UU. adquiera parte del penal salvadoreño para operar un área con estándares propios, evitando regulaciones del ICE y del sistema penitenciario federal. Luego, esa fracción sería arrendada de nuevo a El Salvador para su administración, bajo un esquema de cooperación bilateral.
En una carta fechada el 13 de marzo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, expresó apoyo al proyecto, reconociendo a Prince como "agente comercial" para negociar el uso de las cárceles salvadoreñas a fin de albergar extranjeros criminales.
Según el documento, la prisión podría recibir “hasta 40,000 criminales inmediatamente”, con capacidad de ampliarse hasta 100,000. El contrato permitiría también que 2USV gestione audiencias migratorias, colabore con fiscales y negocie la reducción de sentencias a cambio de órdenes de deportación.
La propuesta será tema central durante el encuentro del presidente salvadoreño Nayib Bukele con su homólogo estadounidense Donald Trump este lunes en la Casa Blanca, según Político.
La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente si aceptará el acuerdo, pero la administración Trump ya ha deportado a cientos de migrantes —principalmente venezolanos— hacia El Salvador bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, en una maniobra legal que enfrenta impugnaciones judiciales.
Prince ya había propuesto un plan de deportación masiva de 12 millones de personas a un costo de $25,000 millones, pero este fue descartado. Ahora, con una propuesta más limitada, busca obtener contratos millonarios en medio de la creciente presión política por ejecutar deportaciones rápidas antes de las elecciones presidenciales.
Prince es ampliamente conocido por su rol en Irak con Blackwater, empresa acusada de múltiples abusos durante la ocupación militar estadounidense. Su nuevo proyecto privatizaría parte del sistema migratorio, lo cual, según exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional, podría abrir la puerta a deportaciones incluso de ciudadanos estadounidenses.