"Si bien hay algunas personas que no quieren ser investigadas, aquí la ley se cumple porque se cumple para todos y todas sin importar su cargo o condición", afirmó Porras al presentar un informe anual de gestión en un acto a puerta cerrada transmitido por redes sociales.
Todos "se deben someter al imperio de la ley", agregó con tono enérgico la fiscal sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta".
Desde antes de que asumiera el poder en enero, la Fiscalía ha pedido a la justicia quitar la inmunidad de Arévalo para procesarlo por su apoyo a la ocupación de una universidad pública y por supuesto lavado de dinero en su partido Semilla. La formación fue suspendida por un juez a pedido de los fiscales.
Porras puso en vilo la transición presidencial con sus polémicas investigaciones contra Semilla y por su pedido de anular las elecciones de 2023, ganadas por Arévalo con su promesa de luchar contra la corrupción, uno de los males del país.
La fiscalía allanó oficinas del tribunal electoral y decomisó actas de votación. Sus maniobras fueron calificadas por Arévalo como un intento de "golpe de Estado" por el temor de las élites político-económicas de que él asumiera el poder.
El presidente carece de facultades para remover a Porras, pero ha impulsado acciones para lograr su destitución. El 6 de mayo, Arévalo entregó personalmente al Congreso un proyecto de ley para conseguir la remoción de la fiscal, quien tiene mandato hasta 2026.
Solo funcionarios de la fiscalía asistieron a la rendición de cuentas de Porras en el salón de un hotel de la turística ciudad de Antigua.