El Gobierno de Guatemala anunció este lunes que denunciará al expresidente Alejandro Giammattei por "abuso de autoridad" y "tráfico de influencias" en un caso de contratación de un funcionario que posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.

La denuncia, que se formalizará este lunes ante un juzgado, es la primera que presenta la administración de Bernardo Arévalo, en el poder desde enero, contra el exmandatario derechista Giammattei que gobernó desde 2020 a 2024.

Se "ha decidido poner una denuncia" contra el expresidente por los delitos de "abuso de autoridad, tráfico de influencias" e "incumplimiento de deberes", anunció en rueda de prensa el jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza.

Mendoza aseguró que Giammattei avaló en enero de 2021 la contratación de Melvin Quijivix, sancionado dos años después por Washington por corrupción, como asesor en SEGEPLAN, cargo que nunca llegó a ejercer, según el Gobierno.

Quijivix fue designado representante de la entidad ante la directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que luego llegó a presidir.

A mediados de enero, fue destituido y al pedir su indemnización se determinó que cobró unos $103,000 "en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en SEGEPLAN", indicó Mendoza.

La plaza fue creada "a su medida" como "llave maestra" para acceder al INDE, donde Quijivix realizó varios actos de corrupción y nepotismo, acusó el funcionario.

En la denuncia, el Gobierno de Arévalo también pedirá que se investigue a la extitular de SEGEPLAN, Keila Gramajo, y Quijivix por tráfico de influencias y fraude, entre otros cargos.

Se trata de "una captura institucional porque la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada", añadió Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, instancia creada por el gobierno en febrero.

Arévalo llegó a la presidencia con la promesa de combatir la corrupción.

Desde que ganara el acceso a la segunda vuelta de las presidenciales, en junio de 2023, las fiscalía intentó torpedear, hasta ahora en vano, al presidente con denuncias en su contra.

El presidente trata de destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras, aunque necesita del apoyo del Congreso para conseguirlo. La fiscal está sancionada también por Washington acusada de corrupción.