"El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group", dijo la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, en un comunicado emitido el miércoles por la noche. La reacción del gobierno se produce luego de que un informe elaborado al cierre de 2021 por el laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto, especializado en ciberseguridad, fuera retomado el miércoles por la prensa local.
El diario digital El Faro denunció que 22 miembros de su personal fueron intervenidos con Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, 226 veces entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021.
"Los teléfonos de las jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo fueron intervenidos en algunos casos hasta por un año y de forma constante", aseguró El Faro, un periódico laureado por sus investigaciones sobre la realidad salvadoreña.
Reitero que el gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software (Pegasus)"
Secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina.
El gobierno salvadoreño adelantó, no obstante, que "sí está investigando el posible uso de Pegasus y otros sistemas (que no identificó) para intervenir teléfonos en el país", porque hay "indicios" de que funcionarios oficiales están siendo "víctimas de ataques".
Tanto Medina como el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, según el comunicado, recibieron una alerta de Apple de una posible intervención de sus teléfonos celulares.
"¿Por qué el gobierno actual investigaría a funcionarios de su propio gobierno? Me parece totalmente incoherente", enfatizó Medina, apuntando a que la intervención debería provenir de otros entes.
Así, a la vez que el gobierno se desligó del software, aseguró en el comunicado que de acuerdo a otro reporte publicado en 2020 por The Citizen Lab, Pegasus estaría funcionando en El Salvador desde 2017, cuando el país era gobernado por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Entonces, la pregunta es: ¿qué grupo poderoso con intereses en este país tenía accesos a este sistema desde 2017 y quiénes lo siguen manteniendo ahora?".