Los grupos armados ilegales de Colombia aumentaron un 90 % durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, según un informe divulgado este jueves por organizaciones defensoras de derechos humanos del país.
El reporte fue elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que en conjunto agrupan a 125 organizaciones. Según sus datos, las estructuras armadas pasaron de 15,120 integrantes en diciembre de 2022 a 28,802 en julio de 2026.
El Clan del Golfo registró el mayor crecimiento, con un incremento del 152 %, y alcanzó presencia o control territorial en al menos 429 de los 1,103 municipios colombianos, equivalentes al 38.8 %. Las disidencias de las antiguas FARC aumentaron un 109 % y llegaron a 376 municipios, aproximadamente el 34 % del territorio nacional.
Dentro de las disidencias, la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, aumentó un 108 %, mientras el número de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) creció un 22 %. El informe también señala que entre enero y agosto de 2025 al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, un incremento del 145 %.
El crecimiento de las organizaciones armadas estuvo acompañado por hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante la administración de Petro se contabilizaron 3,115 agresiones, frente a las 3,544 registradas durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022, lo que representa una reducción del 12 %.
Sin embargo, el reporte señala que los asesinatos de líderes sociales y defensores se mantuvieron en 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, hasta alcanzar 78. Las organizaciones cuestionaron además la política de ‘paz total’ de Petro porque «no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios», debido a problemas metodológicos, de coordinación institucional y resistencia de sectores vinculados con actividades ilegales.
«El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto», indica el informe, que plantea mantener la negociación como una herramienta para afrontar la violencia.
Las organizaciones instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a proteger los derechos humanos, la paz y la democracia.
«La construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación», añadió el reporte.
