La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles que la reciente reforma constitucional en Nicaragua "consolida un régimen autoritario", al reforzar la concentración del poder en manos del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre los aspectos más alarmantes de la reforma, la CIDH destaca que establece un modelo que otorga un control absoluto al dictador y su entorno, eliminando la separación de poderes.

Este cambio permite al Ejecutivo destituir a funcionarios que no se alineen con los "principios fundamentales" de la Constitución, lo que incrementa el control sobre las instituciones del Estado.

El organismo también señala que estas modificaciones profundizan la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia y consolidan un sistema que utiliza a las fuerzas armadas y policiales para reprimir la disidencia.


Fuerzas armadas y represión

La reforma facilita el uso del ejército para controlar a la oposición y formaliza la "policía voluntaria", un grupo auxiliar de civiles relacionado con actos represivos desde las protestas de 2018. Según la CIDH, estas medidas aumentan la capacidad del régimen para sofocar cualquier manifestación de desacuerdo en el país.

Por otro lado, el llamado a la comunidad internacional a actuar contra el deterioro democrático en Nicaragua no se ha hecho esperar. La semana pasada, Brian Nichols, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, calificó la reforma como un movimiento para "consolidar más poder" en Ortega y Murillo.

"El régimen usará este poder para oprimir a los nicaragüenses y aislar aún más al país de la comunidad internacional", aseguró Nichols en la plataforma X.

Asimismo, expertos de la ONU alertaron recientemente sobre las "graves consecuencias" de la reforma en materia de derechos humanos.

Contexto del régimen de Ortega

Daniel Ortega, exlíder guerrillero de 79 años, gobernó Nicaragua en los años 80 tras la revolución sandinista y retomó el poder en 2007. Desde entonces, fue reelegido en tres ocasiones, la última en 2021 en elecciones ampliamente cuestionadas, con gran parte de la oposición encarcelada o exiliada.

Con esta reforma, Ortega modificó la Constitución nicaragüense en 12 ocasiones, siempre con el objetivo de reforzar su control sobre el poder, según analistas y organismos internacionales.