Estados Unidos solicitó el viernes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico, mientras que las autoridades pidieron su detención provisional para iniciar el proceso.

A medida se esparcía la noticia sobre el pedido de extradición en su contra, también aumentaba el temor a una fuga o que vaya ampararse al fuero en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano para evadir la extradición.

Al respecto el jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción en Honduras, Luis Javier Santos, aclaró este mismo lunes que si el expresidente Juan Orlando Hernández “es detenido en Honduras, solo tiene la inmunidad que le otorga el país a los diputados nacionales y aquí, los diputados no tiene ninguna inmunidad, por lo que no existe ningún impedimento para su extradición...”, en referencia al artículo 22 sobre inmunidades y privilegios de los diputados en Honduras.


La falta de fuero, según dictan las leyes hondureña, le permitirían a las autoridades poder capturar al exmandatario durante las primeras horas de este martes.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, precisó a medios hondureños que constitucionalmente se debe esperar hasta las 6:00 a.m. para ejecutar un allanamiento de morada y posterior captura del expresidente, Juan Orlando Hernández.

El político crítico de Hernández, señala que esta vez no podrán burlar la justicia norteamericana como lo han hecho con las autoridades de Honduras.

“Los jueces de la Suprema de Justicia y Fiscalía no hicieron su trabajo. Hoy se demuestra que el sistema de Honduras es un fracaso”, señaló Tomé y reiteró “hoy se comienza a ver la justicia al dar este paso, vemos el avance de la justicia norteamericana”.


Y es que la orden de detención contra Juan Orlando Hernández era un tema que muchas organizaciones se esperaban, debido a las múltiples denuncias sobre que el narcotráfico había penetrado las esferas gubernamentales y habrían sido protegidos por el exmandatario.

El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) recuerdó que en octubre de 2021, denunció el mecanismo de la corrupción en Honduras durante un foro en Washington DC. "Aunque a veces la justicia es tardía, y no siempre es local, siempre llega a la puerta de los corruptos", escribieron en sus redes.


Y es que a decir del diputado hondureño Jari Dixon, “la corrupción le abrió las puertas al crimen organizado, la extradición de JOH que sirva de lección para que jamás se vuelva a repetir”, escribió en su cuenta de Twitter.

Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU.
Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU.

"Actos corruptos"

El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

"Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos", detalló Blinken. "Nadie está por encima de la ley", subrayó.

Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado "Tony" Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.


En un comunicado, Blinken apuntó que "según múltiples informes creíbles de los medios", Hernández "se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas".

"Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña", agregó.

Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como "co-conspirador", aunque no existía una acusación formal en su contra.

El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.

Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.