“Yo estaba en octavo grado cuando esto empezó. Ahora estoy en mi segundo año de universidad y me dedico a los derechos de los inmigrantes”, dijo Crista Ramos, la demandante principal en el litigio y ciudadana estadounidense, hija de la salvadoreña Cristina Morales beneficiaria del TPS y también demandante. "Estábamos motivados por un profundo amor por nuestras familias y la ira ante una clara injusticia”, expresa en un comunicado de la oficina de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) para el sudeste de California.
Tras seis años de batallar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dicen que el panorama cambió tras la resolución definitiva emitida por el Noveno Circuito que anuló la apelación del Gobierno que revocaba la orden judicial en 2023.
"Si no se hubiera detenido, la administración Trump habría puesto fin a la protección humanitaria para más del 98% de todas las personas que tenían este estatus en el momento de las expulsiones anunciadoas", considera Emi MacLean, abogada de los demandantes y abogada principal de la Fundación ACLU del norte de California.
“En cambio, ni una sola persona perdió el TPS como resultado de las acciones racistas e ilegales de la administración Trump”, asevera.
Los demandantes alegaron en 2018 que la cancelación fue ilegal porque estaba motivada por el racismo, lo que violaba la constitución de EEUU, y se implementó de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos.
ACLU recuerda que en junio de 2023, la administración Biden dejó sin efecto la terminación del TPS por parte de la administración Trump y extendió el TPS a más de 300.000 beneficiarios de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Anteriormente, la administración Biden volvió a designar a Haití y Sudán para el TPS.
El 28 de diciembre de 2023 un tribunal de distrito federal desestimó la demanda de Ramos ya que a su juicio la administración Biden “abordó completamente las objeciones de los demandantes al otorgar el estatus de TPS” y dejó sin efectos “las terminaciones de TPS en cuestión”.
El Gobierno de Joe Bien se comprometió en la corte que la conducta ilegal con la que ordenó la cancelación del TPS por parte de Donald Trump “no será restablecida” y “el tribunal se basó en esa declaración y concluyó que no 'volverá a la política contraria de la administración anterior', como lo hizo el gobierno. El tribunal rechazó de plano esa política'”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA.
Ante los constantes anuncios del ahora candidato republicano Donald Trump de iniciar una deportación masiva de volver a la Casa Blanca, Hiwaida Elarabi, demandante de Sudán y miembro líder de African Communities Together responde que “hemos aprendido mucho a lo largo de este viaje y unos de otros. Estaremos listos para luchar de nuevo si es necesario”.
“El litigio Ramos logró evitar una tremenda injusticia. Si bien el caso ha llegado a su fin, la lucha continuará hasta que los beneficiarios del TPS y sus familias tengan la protección permanente que necesitan y merecen”, afirma Jessica Bansal, abogada de los demandantes y directora legal de Trabajadores Desempleados Unidos, quien coincide que la batalla de los migrantes es lograr la residencia permanente y una justicia migratoria.