“Yo quiero saber si están vivos y en qué condiciones se encuentran actualmente ellos , todo es a la luz del derecho de la Constitución de la República, del derecho internacional de derechos humanos...hace más de mes y medio, yo solicite a la Dirección General de Centros Penales una visita a mis representados y hasta el momento no he recibido ninguna notificación”, explicó el abogado defensor, Dennis Muñoz.
Explicó que hasta la fecha no sabe en qué condición de salud se encuentran, teniendo en cuanta que son personas de la tercera edad, ya que no tiene conocimiento, incluso, aseguró que no sabe si se mantienen en el mismo penal o si han sido trasladados.
Ante la situación de incertidumbre, el abogado solicitó este viernes al Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena que gestione una visita de los abogados defensores a los seis imputados. Muñoz aseguró que la gestión debe de ser en función de la vigilancia de los derechos humanos de los imputados.
“En caso se me deniega como usualmente pasa por parte del juzgado la visita o que yo pueda ser autorizado para visitar a mis defendidos, entonces que el juzgado realiza una inspección en situ, para verificar las condiciones en las que están”, afirmó el abogado defensor.
Agregó que en caso también se nieguen a realizar la inspección, pidió que se le permita llevar médico a los centros penales para garantizar la salud de los imputados.
En cuanto al caso, también aseguró que no hay avances en el proceso penal. Cabe mencionado, que el caso esta en una fase de recusación, por parte de la Fiscalía General de la República contra un magistrado de la Cámara Penal de Cojutepeque, que conocería la apelación a la resolución del Juzgado de Paz de Victoria que en audiencia de revisión de medidas, les negó la libertad con medidas.
El caso.
Los seis procesados son Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García, detenidos desde el 11 de enero del 2023, y acusados por asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989.De igual forma, los imputados en calidad de ausentes José Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y Arturo Serrano Ascencio, han sido declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura.