La defensa sostiene que siguiendo la lógica de la acusación de la jueza Mirtala Tereza Portillo de Cruz a Rubén Zamora, por el delito de encubrimiento personal, al aprobar la Ley de Amnistía en favor de los principales imputados de la matanza El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, sería por la emisión de un voto y su opinión, cosa que la Constitución prohíbe juzgar sobre los legisladores.
"Dice que los jueces no pueden juzgar sobre eso, además dice que los diputados son inviolables respecto a eso en cualquier tiempo, eso significa que no hay jurisdicción para conocer sobre ese tipo de cosas, entonces hay una excepción perentoria que se llama falta de jurisdicción del juez, y eso se alegó", afirmó el abogado Miguel Girón.
Así mismo, explicó que los hechos acusados habrían ocurrido en la Asamblea Legislativa, en San Salvador, y no en Morazán, por tanto habría una falta de competencia.
"La jueza de Gotera está conociendo de una situación ocurrida en la Asamblea Legislativa, entonces se le dijo que eso no puede conocer porque Gotera no tiene nada que ver con San Salvador en cuestión de territorio, y por tanto, habría una falta de competencia de la juez para conocer de cosas que hayan ocurrido en San Salvador", aseguró la defensa de Zamora.
Ambas situaciones les fueron planteadas a la jueza en recursos, pero contestó que no habría lugar, en ese sentido apelaron su decisión ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de Oriente.
¿Qué podría resolver la Cámara?
Según el abogado defensor de Zamora, Miguel Girón, la Cámara podría responder sí ha lugar la apelación; en ese caso podría decretar un sobreseimiento definitivo en favor de Zamora, y en el caso que declare no ha lugar tendría que ordenar que será otro juzgado, en San Salvador, que conozca la acusación."Si dice que sí a la falta de jurisdicción, decreta un sobreseimiento definitivo, y acaba el asunto, si dice que si a la falta de competencia, entonces remite el caso a un juzgado de San Salvador, cualquiera que conoce materia penal, y que ese juzgado decida si da inicio a un proceso penal, pero sí un juzgado de San Salvador dice que no hay nada, ahí acaba", afirmó el abogado de Zamora.
El pasado viernes 22 de marzo, Rubén Zamora, tras comparecer al juzgado para ser intimado de los hechos, aseguró que "luchará legalmente" para probar que las acusaciones que le hacen son "mentiras".
Zamora, actualmente está sujeto al proceso penal bajo medidas sustitutivas a la detención, entre ellas, no podrá salir del país sin permiso judicial, no podrá acercarse a las víctimas o testigos, y deberá de firmar cada 15 días en un juzgado de San Salvador.
El caso inició el 22 de diciembre de 2023 cuando la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz ordenó detenerlo de igual forma al expresidente Alfredo Cristiani y otros exdiputados de la junta directiva de la Asamblea de 1993, todos acusados de ayudar a los principales acusados de la masacre con la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.