La Fiscalía General de la República presentó ayer la acusación formal contra el empresario de transporte público, Catalino Miranda, por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, en el Juzgado Décimo de Paz, tras supuestamente mantener sus unidades en uno de los principales ejes preferenciales de San Salvador.

Los Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado afirmaron que además del empresario Miranda también fueron acusados Rommel Iván Aquíno Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto, quienes laboraban como motoristas para la empresa de Miranda, Acostes de RL, en las rutas 42 y 152.

A ellos, la Fiscalía acusa a dos de cobro no autorizados del pasaje, bajo el delito de venta a precio superior y por el delito de posesión o tenencia ilícita de placa de circulación.

El fiscal dijo que consta en la investigación que los motoristas cobraban $0.35 y no $0.20, como establece el Viceministerio de Transporte (VMT). Como evidencia de esto, aseguró que encontraron los panfletos en las unidades que indicaban el pasaje aumentado.

Uno de los detenidos, Rommel Aquino, negó haber cobrado más allá de la tarifa autorizada y que hubiera alterado documentos como afirmó uno de los fiscales y consideró que su detención fue arbitraria.

Si fuera por resistencia y que nunca existío, esperaría una nulidad absoluta...si hubiera ya me siembra la duda de lo que está pasando”. Catalino Miranda, transportista detenido

Los fiscales afirmaron que las cuatro personas fueron detenidas la tarde del sábado en el plantel de la empresa Acostes de RL, situadas sobre la Avenida Independencia de esta capital. Aquino dijo que fue detenido en un retén policial.

“Para el señor Catalino Miranda se está solicitando una instrucción formal con detención provisional, tomando en cuenta que ambos delitos hacen una pena que supera los tres años de prisión”, dijo el fiscal.

Contra Miranda.

Otra de las pruebas que presentó fiscalía fue las entrevistas a pasajeros del transporte y gestores de tránsito; también videos del sistema 911 “con los que se establecerá en la audiencia que el empresario se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desórdenes, mediante la utilización de las unidades de transporte de sus empresas”, afirmó el fiscal.

Sobre el delito de resistencia que se atribuye a Miranda, el fiscal puntualizó que hay agentes que realizaban el procedimiento de retirar placas, y Miranda intentó arrebatarselas, con lo que evitaba un procedimiento legal de la Policía Nacional Civil.

Por su parte, Miranda negó haber cometido el delito de resistencia pues él hizo lo que los oficiales le ordenaron. “Yo estaba en la segunda planta y me pidieron que bajara y yo bajé, no ofrecí ninguna resistencia”.

“Llegaron con el argumento que se llevarían unos microbuses porque estaban en el eje preferencial, cosa que no es cierto, lo vi como un tema bien raro”, afirmó el empresario.

Después de ese momento, Miranda dijo que los policías le pidieron que los acompañara a la subdirección de Tránsito, accedió, y después de una hora le informaron que quedaría detenido por resistencia.

“Si fuera por resistencia y que nunca existió, esperaría una nulidad absoluta o por lo menos no hay delito que perseguir, y si hubiera, ya me siembra la duda de lo que está pasando”, manifestó Miranda en el Centro Judicial Isidro Menéndez.

El delito de resistencia...él trató de arrebatarles las placas que ellos (policías) estaban quitando de las unidades ”. Fiscal del caso

Sobre los allanamientos a sus oficinas la noche del lunes y madrugada del martes, dijo que ya tenía conocimiento, pero no era algo que le preocupara porque no esconde ningún ilícito. En cuanto al incremento de las tarifas se desligó de ese ilícito, porque él no es operativo de la calle, sino gerencial.

En cuanto a la supuesta expropiación de sus unidades por parte del Gobierno, Miranda se remitió a lo establecido en la Constitución que marca los límites entre lo que es estatal y lo que es privado; además que por cada unidad hay un contrato establecido por diez años de vigencia, prorrogable, algunos vencen hasta el 2029.

La audiencia inicial será el viernes 18 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.