La solicitud de imposición de medidas fue presentada ante el tribunal, resguardada en 17 cajas que contienen al menos unas 204 piezas.
Diario El Mundo intentó conocer la acusación de voz de los fiscales del caso, pero se negaron a brindar declaraciones. Aseguraron que la información sería compartida por la unidad de prensa de la Fiscalía, pero al cierre de esta nota, a las 9:00 de la noche, no hubo información sobre la acusación.
Tampoco el departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó sobre la presentación de la solicitud de imposición de medidas.
Se desconoce los nombres de los supuestos pandilleros acusados, así como los delitos y si en los próximos días, habrá una acusación similar hacia la pandilla Barrio 18.
Acusación inédita.
El pasado 4 de enero, el gabinete de Seguridad afirmó que acusarían a toda la estructura de jefes de la MS-13, bajo el cargo de pertenecer a la estructura criminal, explicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en esa ocasión.El funcionario anunció que esta primera gran acusación será contra las jefaturas o cabezas de la MS-13, a quienes denominó como “el corporativo criminal de la MS”.
Según el ministro de Justicia, los acusados serán la ranfla histórica, la ranfla en libertad, las denominadas “15 sillas”, y los 32 programas.
Villatoro también explicó que de los cabecillas de la ranfla histórica están todos en prisión, y son un aproximado de 30, mientras que de las “15 sillas” ya capturaron a 12.
Añadió que la investigación contra las pandillas data desde el año 2012 y se reactivó en 2022.
Afirmó que después de la acusación contra los cabecillas, también presentarán acusaciones contra cada uno de los programas que integran la MS-13. “Después de esta causa, viene la presentación de una a una de esas 230 clicas”, agregó Villatoro.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo en esa ocasión que se trata de una acusación “histórica”, porque va hacia quienes dirigían el grupo delictivo en el país y por ello, “son los responsables de incrementos de homicidios que sucedieron históricamente en el país, de igual forma, ellos son responsables como organización criminal de las muertes que provocaron de policías, de miembros de la Fuerza Armada, de fiscales, de empleados de la Dirección General de Centros Penales, durante todo el pasado reciente”.
El Gabinete de Seguridad dio un balance sobre la operatividad de 2023, donde revelaron que durante la vigencia del régimen de excepción se han detenido a 75,163 personas. El año anterior, el mismo funcionario señaló que se habían liberado a 7,000 personas a quienes no se les encontró vínculos con las pandillas.
El camino.
Para procesar a los detenidos del régimen de excepción, el Gobierno presentó una serie de propuestas de reformas a la Asamblea Legislativa que fueron aprobadas, entre las cuales, está la permisividad de que la Fiscalía General de la República presente acusaciones en grupo y, extender hasta por dos años adicionales los plazos de instrucción, para permitir que los fiscales agrupen las acusaciones.El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha dicho que el proceso penal estaba diseñado para que los pandilleros no obtuvieran justicia por sus delitos, y por ello, era necesario rediseñarlo. Villatoro ha sido crítico de las reformas al Código Penal hechas en 1998.