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Los imputados identificados como Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, así como Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, fueron acusados por los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.
“Ellos habían montado esa sociedad bajo un esquema de facilitadores de vehículos, sin embargo, al momento que las víctimas ingresaban al local ellos tomaban parte como intermediario financiero del dinero que estas personas depositaban y con estos mismos dineros de todas las víctimas ellos simulaban la compra de diferente vehiculos, automotores, pick up y microbuses, haciéndoles creer a las personas que eran compras programadas de vehículos a precios accesibles”, detalló el fiscal del caso.
Asimismo, señalaron que según las investigaciones, en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.
La representación fiscal añadió que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.
“A partir de los movimientos bancarios y financieros se ha logrado determinar que ellos han estado realizando movimientos financieros por todo este negocio que empezó a operar”, dijo el fiscal.
La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento.
La Fiscalía destacó que la solicitud de imposición de medidas presentada corresponde a las primeras 10 víctimas, pero en el caso ya se contabilizan 1,089 denuncias de otras personas afectadas por la agencia. Se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.
Ante ello, solicitaron que los acusados permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra. Y reiteraron el llamado a la personas que hayan sido víctimas a que presenten su denuncia ante la oficina fiscal.
En un inicio, la FGR dijo que la agencia operaba bajo las órdenes de tres personas de nacionalidad venezolana y un ecuatoriano, sin embargo, ahora en el proceso se suman otras dos personas.
El 19 de marzo de 2025, la Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil (PNC) allanó la agencia de vehículos Venicars, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y la calle Nueva, en San Salvador. Al igual que sus oficinas administrativas, en calle La Mascota.
En dichos allanamientos se buscó documentación, contable, equipo electrónico, dinero y otro tipo de evidencia que respalde la investigación.
Tras el allanamiento, la agencia publicó en sus redes sociales que las oficinas estarían cerradas por un “proceso de duelo”.