De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado Alberto Romero no justificó un aumento patrimonial de $87,931.93, mientras que su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero tuvo incremento injustificado de $67,472.01, además, su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín se desconoce el origen de $3,305.14.
“El proceso en contra del diputado Romero inició a raíz de una investigación realizada por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia que revela que el funcionario no pudo justificar el origen de los fondos”, aseguró el fiscal del caso, en mayo del 2022, cuando se presentó la demanda.
El enriquecimiento ilícito habría sido cometido en el periodo de 2009 hasta abril de 2015, por medio de 21 irregularidades detectadas contra el funcionario y su familia. La audiencia probatoria fue programada para el próximo 28 de marzo.