Doña Juana de Jesús viuda de Álvarez de 65 años de edad es una comerciante de Santa Rosa de Lima, en La Unión, toda su vida se dedicó a vender y cada cierto tiempo ahorraba en distintos bancos. Antes de la pandemia del covid-19 decidió unificar sus ahorros y depositarlos en ACOMATIC de R.L., una cooperativa que le ofrecía mejor tasa de interés que el resto de instituciones bancarias. Era el esfuerzo de más de 45 años de esfuerzo y dedicación, dinero que había pensado guardar para su vejez, cuando no pudiera trabajar.
Pero en marzo del año pasado enfermó y sufrió un golpe producto de un bajón de sodio, potasio y magnesio. A finales de ese mes la operaron en el hospital Rosales, pero su salud no ha recuperado hasta el momento. Los médicos le diagnosticaron hiponatremia crónica y una úlcera gastríca que la ha hecho acudir a hospitales privados cuando se descompensa, y ya acumula una deuda de más de $40,000.
Doña Juana no puede disponer de los ahorros de su vida, porque el dinero que, aún queda en la cooperativa, fue congelado por la Fiscalía General de la República a principios de 2023.
¿Cuál es el caso?
En mayo de 2023, la Fiscalía capturó a nueve personas entre ellos fundadores, directivos y socios de las cooperativas ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L por los delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.Los imputados son Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla y Amanda Aracely Jiménezy una novena persona identificada como Ana Virginia Saravia es procesada bajo medidas alternas a la detención.
La acusación fiscal indicó que los imputados movieron más de $49 millones de los ahorrantes, valiéndose de sus cargos por medio de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo, ahorros navideos de forma ficticia para beneficio propio o de terceros.
“Simulaban préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban lso intereses por adelantado de 15 años, obteniendo un provecho de $300 y $400 mil”, entre los años 2016 y 2022, según la Fiscalía.
En junio de ese año, el entonces alcalde municipal de Chinameca, José Dolores Mejicanos, solicitó a la Fiscalía ser querella del caso, porque la comuna depositó $3.5 millones como depósito a plazo en ACOMATIC de R.L. Ese día, el edil solo dijo que la Fiscalía tenía intervenidos esos fondos, que se consideraban víctimas, y pedían la liberación de los fondos.
Incertidumbre
Esa es la misma solicitud que hace la familia de doña Juana, en especial su hija Leidy de Benavides, quien ha tenido que correr a médicos privados para mantener estable a su madre, aunque su estado es delicado.Leidy explicó a Diario El Mundo que tienen incertidumbre, porque a pesar que el caso está judicializado y la Fiscalía saben que son centenares de víctimas afectadas por el desfalco, no tienen una respuesta como sí ha habido en el caso COSAVI.
La salvadoreña explica que cuando llaman a los fiscales para saber si les liberarán el dinero, asegura que no tienen respuesta y que el Ministerio Público Fiscal pareciera solo atender a los ahorrantes que tenían sumas importantes,
“Lo que exigimos es que hablen del caso, y que entreguen el 100 % (de los ahorros) más intereses”, dijo Leidy en una conversación teléfonica con Diario El Mundo. La zozobra los invade, porque el año pasado hubo una reunión donde los fiscales hicieron saber a un grupo de afectados que solo se podía devolver el 10 % de los ahorros, pero no tienen más información.
El silencio de las autoridades ante el caso y la polémica desatada tras la judicialización del caso COSAVI, llevó a los socios de ACOMATIC a alzar su voz y a organizarse; actualmente registran a 3,514 afectados por la defraudación de ACOMATIC y unos mil socios afectados de la cooperativa ACOTEMI.
ACOMATIC tenía cerca de siete sucursales, pero la cooperativa solo funciona para que los deudores lleguen a pagar sus préstamos.
Públicamente, la Fiscalía General de la República no ha revelado más detalles de este caso.
