La abogada Bessy Ríos expuso ayer que el jefe del registro familiar de la alcaldía de San Salvador, Juan José Armando Azucena, presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde alegó que la orden de una jueza de lo familiar de cambiar el nombre a una persona trans, le transgredía sus derechos.

“El jefe del registro familiar de la alcaldía de San Salvador metió un amparo a la Sala de lo Constitucional actual, diciendo que el hacer el cambio de nombre a las personas trans violenta a sus derechos y principios cristianos y que el tenía derecho a tener sus propios principios y que obligarlo a inscribir esas partidas de nacimiento era dañarle y menoscabarle su derecho a su fe”, reveló Ríos ayer en el foro sobre el reconocimiento legal a las personas trans.

El caso al que el jefe del registro familiar se opuso a cambiar nombre fue el de Aldo Peña, un hombre trans cuyo caso está suspendido debido a este amparo, dado que la Sala admitió el amparo y suspendió la orden de la jueza de familia para cambiar el nombre y el género de Aldo.

Jurídicamente, Ríos explicó que el funcionario municipal “está queriendo aplicar sujeción por conciencia en el cambio de nombre trans, diciendo yo soy cristiano y Dios me va a castigar si yo hago eso”.

Diario El Mundo gestionó una postura del jefe del registro familiar de la comuna capitalina, pero ayer, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Las excusas.

Luego de llevar la orden judicial a la alcaldía de San Salvador para hacer el cambio de nombre, Aldo narró que la oficina de registro familiar le dio largas y después de varios meses lo citaron: “Yo llegué y lo que me dijeron es que no se podía porque en el mío también era el cambio de género... el mío fue porque hay un cambio de género y a ellos les aterra que yo pueda casarme o pueda adoptar los hijos que las personas cisgéneros abandonan”, relató ayer.

Aldo reconoció que desde este suceso guardó silencio, pero esto le ha repercutido en su salud, y ahora padece un cuadro de depresión y ansiedad. “A partir de ese momento mi salud se vino abajo, presión alta, latidos excesivos del corazón, todo generado por ese estrés, eso es lo que me dijeron los médicos”, manifestó Aldo.

Solidaridad y lucha.

La sonrisa que este hombre trans lucía hace unos meses se ha borrado, parcialmente, debido a la pausa de su proceso. Una pausa que las asociaciones LGBTIQ+ como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) están dispuestas a quitar.

Ayer, Mónica Linares, presidenta de Aspidh recordó la necesidad de contar con una Ley de Identidad, que la actual Asamblea Legislativa no está dispuesta a estudiar ni aprobar. Este año, se han planteado retomar los casos de cambio de nombre de las personas trans con las herramientas jurídicas que la ley salvadoreña permite.

El proceso de cambio de nombre de Aldo y la adecuación de la mención al género y al sexo, en los documentos de identificación, se presentaron en marzo de 2022, con la representación legal de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad); cuatro meses después, el Juzgado Tercero de familia de San Salvador hizo la audiencia de sentencia para habilitar el primer cambio de nombre de un hombre trans.