La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó este miércoles la demanda civil por $10 milllones interpuesta ante el Juzgado Primero Civil y Mercantil por el empresario Yakov Fauster en contra del periódico El Diario de Hoy (EDH) y un periodista, por reparación de daños a la moral, supuestamente, al publicar una noticia falsa.

El empresario, supuesto padrastro del director de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), exige $5 millones al EDH y $5 millones al periodista, Jorge Beltrán Luna.

“La APES condena la demanda legal impulsada por el empresario Yakov Fauster contra el medio escrito El Diario de Hoy (EDH) y contra uno de sus periodistas, demanda que pretende una sanción civil por $10 millones. La APES rechaza este grave acto de persecución a la prensa que busca silenciar a las y los periodistas mediante el hostigamiento judicial”, sostuvo el relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Gabriel Labrador.

Agregó que la demanda que está enfrentando el medio de comunicación constituiría un “nefasto” retroceso a la libertad de prensa, ya que daría paso a futuros demandas contra medios de comunicación bajo el argumento de “daño moral” por el ejercer la labor informativa.

Labrador explicó que la demanda nació el 27 de enero del 2022, cuando el empresario salvadoreño-israelí, Yacov Fauster, pidió el derecho de rectificación y respuesta por considerar que una noticia era falsa. La nota reproduce un reportaje de la revista mexicana Proceso, que vinculaba al empresario con la inteligencia mexicana.

Ante la petición del empresario, el medio publicó el derecho de respuesta, donde aclaró que la noticia fue sustentada en una investigación periodística de la Revista Proceso titulada; sin embargo, el empresario no se dio por satisfecho, ya que buscaba una disculpa pública, pese a que la Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta no contempla la disculpa pública, detalló Labrador.

“Sabemos que estamos en un contexto donde las garantías de independencia de poderes no están plenamente garantizadas, no hay balances de poderes...la ley prohíbe que se procesen a periodistas por críticas que hagan o por publicaciones que hagan, este caso no debería de existir, este proceso no debería de estarse entablando, y por eso hemos decidido pronunciarnos”, afirmó Labrador.

El abogado, Oswaldo Feusier, de la Clínica Jurídica de la APES, sostuvo que el juez del Primero de Paz de San Salvador resolvió que el medio debía de dar derecho de respuesta, la cual se cumplió el 2 de abril de 2022; el juez dio por cumplida la sentencia y archivó el caso. Pero en junio de este año, el empresario reabrió el caso en el Juzgado Primero Civil y Mercantil, por reparación de daño moral.

“Se ejerció en dos ocasiones el derecho a respuesta, por lo que estaba satisfecho el derecho al honor que había sido afectado. La cantidad solicitada está fuera de las expectativas de cualquier salario que gane un periodista...La ley de reparación moral es explícita cuando se trata del ejercicio periodístico, que no es procedente, aseguró el abogado de los afectados.

Agregó que la demanda “riñe con la ley”, y con una posible resolución se estaría “presentando un precedente muy peligroso para la libertad de prensa y libertad de expresión”.

Hasta el cierre de esta nota, ambas partes, seguían en el desarrollo de una audiencia preparatoria en el caso.