La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado información sobre el caso de allanamiento de vivienda de la periodista Mónica Rodríguez, que ocurrió en diciembre de 2024.

Según el comunicado difundido por la APES en su cuenta de X, la orden judicial de allanamiento les fue mostrada parcialmente, por lo que aseguran que solo lograron percatarse que la orden no tenía los nombres de la periodista Rodríguez, ni de Steve Magaña, a quien también allanaron su casa.

“Los agentes de la PNC no fueron concretos en el motivo de allanamiento, pero mencionaron escuetamente que era por el delito de estafa, sin brindar mayores detalles. No nos dijeron quien denunciaba, ni contra quién era la denuncia, si para algunos de los dos o para ambos”.
Comunicado de la APES, que cita a la periodista.


Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre del año pasado, durante la noche, cuando se desarrolló un allanamiento en el inmueble del que Rodríguez era inquilina, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.

Según se dió a conocer en el allanamiento se decomisaron documentos y tarjetas de crédito de uso personal, equipos informáticos, teléfonos celulares y memorias externas que eran uso de la periodista y Magaña.

La asociación señaló que el 5 de diciembre fue la primera vez que su equipo legal consultó a la Fiscalía sobre el caso, sin embargo, fue negado. Posteriormente, el día 17 del mismo mes realizaron una nueva petición en conjunto con Rodríguez y Magaña, e indicaron que les dieron una cita para dos días después, la cual no se cumplió.

Ante ello, indicaron que el 16 de enero de 2025, se presentó un escrito para solicitar nuevamente una reunión con la fiscal del caso, la cual destacaron que aún no tienen respuesta.

Lo único que destacaron que se logró conocer fue el cambio de tipificación del delito, ya que según el comunicado a Rodríguez y Magaña se les acusa de revelación indebida de datos e información de carácter personal. En un inicio se decía que el allanamiento de la vivienda de la periodista fue por una supuesta estafa.

“Este cambio en la naturaleza del delito genera preocupaciones sobre la transparencia y la coherencia en la investigación. Además, las razones y causas siguen siendo secretas, incluso para los probables investigados, lo cual no proporciona garantía sobre la legalidad y veracidad de este proceso”.
APES.


Además, aseguró que hasta la fecha, la FGR sigue sin individualizar el caso y “se desconoce si la acusación es en contra de Rodríguez o Magaña”.

Según el artículo 80 del Código Procesal Penal es responsabilidad de las autoridades brindar información sobre el delito por el cual se recibe la acusación: “Quien tuviere conocimiento que se le está investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado e informado sobre la denuncia, querella o aviso. De este acto el fiscal levantará acta”.