“La APES rechaza este grave acto de persecución a la prensa que busca silenciar a las y los periodistas mediante el hostigamiento judicial”, sostuvo ayer el relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Gabriel Labrador.
El empresario del rubro de seguridad, Yakov Fauster, exige $5 millones al EDH y $5 millones al periodista, Jorge Beltrán Luna.
El relator de libertad de expresión de la APES aseguró que la demanda que está enfrenta el medio de comunicación constituirá un “nefasto” retroceso a la libertad de prensa, ya que daría paso a futuras demandas contra medios de comunicación bajo el argumento de “daño moral”, por ejercer la labor informativa.
Dos respuestas.
Labrador explicó que la demanda nació el 27 de enero del 2022, cuando el empresario salvadoreño-israelí, Yacov Fauster, pidió el derecho de rectificación y respuesta por considerar que una noticia era falsa. La nota reproduce un reportaje de la revista mexicana Proceso, que vinculaba al empresario con la inteligencia mexicana.Ante la petición del empresario, el medio publicó el derecho de respuesta donde aclaró que la noticia fue sustentada en una investigación periodística de la Revista Proceso; sin embargo, el empresario no se dio por satisfecho, ya que buscaba una disculpa pública, pese a que la Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta no contempla la disculpa pública, detalló Labrador.
“Sabemos que estamos en un contexto donde las garantías de independencia de poderes no están plenamente garantizadas, no hay balances de poderes...la ley prohíbe que se procesen a periodistas por críticas que hagan o por publicaciones que hagan, este caso no debería de existir, este proceso no debería de estar entablando, y por eso hemos decidido pronunciarnos”, afirmó Labrador.
El abogado, Oswaldo Feusier, de la Clínica Jurídica de la APES, sostuvo que el juez del Primero de Paz de San Salvador resolvió que el medio debía de dar derecho de respuesta, la cual se cumplió el 2 de abril de 2022; el juez dio por cumplida la sentencia y archivó el caso. Pero en junio de este año, el empresario reabrió el caso en el Juzgado Primero Civil y Mercantil, por reparación de daño moral.
“Se ejerció en dos ocasiones el derecho a respuesta, por lo que estaba satisfecho el derecho al honor que había sido afectado. La cantidad solicitada está fuera de las expectativas de cualquier salario que gane un periodista...La ley de reparación moral es explícita cuando se trata del ejercicio periodístico, que no es procedente, aseguró el abogado de los afectados.
Agregó que la demanda “riñe con la ley”, y con una posible resolución se estaría “presentando un precedente muy peligroso para la libertad de prensa y libertad de expresión”.
La demanda tendrá la audiencia de aportación de pruebas el próximo 21 de febrero.