El presidente Nayib Bukele anunció en sus redes sociales esta tarde que su gobierno ya construye una cárcel a la que ha denominado “Centro de Confinamiento del Terrorismo”.

Bukele ha destacado que el régimen de excepción ha posibilitado la captura de “más de 40,000 terroristas”.

Aseguró además que con dicha medida, vigente desde hace casi tres meses, su gobierno “ha logrado traer paz, tranquilidad y libertad de circulación a la gente” y se ha ubicado la tasa de homicidios en El Salvador en “la más baja de Latinoamérica”.

Con la construcción del presidio, sobre el que Bukele publicó un video sin sonido y no reveló donde estaría ubicado, se pretende “internar a decenas de miles de terroristas”, afirmó.

Agregó además que para “ganar” lo que ha denominado “guerra contra pandillas”, la construcción de la cárcel que anticipó como “gigantesca” es un factor que “debe salir bien y a tiempo”.

El 4 de abril Bukele aseguró que ya había ordenado la construcción de un centro penal con capacidad para 20,000 reos.

Decidimos hacerlo alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape".

Detalló

Bajo ley especial


El 19 de abril pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley especial para la construcción de centros penitenciarios, que regula la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles.

La normativa establece al Ministerio de Obras Públicas como la entidad encargada de la planificación, adquisición de inmuebles, diseño y construcción de los penales y a la Dirección General de Centros Penales a cargo de la operación, dirección, administración y mantenimiento.

La ley fue declarada de “interés público y seguridad nacional”, lo que faculta la expropiación de terrenos en los que se pretenda edificar centros penitenciarios, en caso de que sus propietarios no acepten una propuesta estatal de compra.

También, los diputados de Nuevas Ideas y aliados dispusieron que no fueran aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que regula compras y contratos de las entidades estatales.

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