La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Centro de San Salvador admitió en su totalidad la prueba en contra del exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Alfonso Linares Rivera, por el supuesto enriquecimiento ilícito de más de $270,609.47 cuando fungió como funcionario.

“Esta cámara resuelve: admítase la totalidad de la prueba documental, pericial y judicial propuesta por la parte demandante”, fue la resolución de los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil.

Argumentaron que la prueba ofertada y aceptada por la Fiscalía General de la República resultó “útil” y “pertinente” para que el caso continúe a la audiencia probatoria por el posible enriquecimiento ilícito de Eduardo Linares, así como también en contra del hijo, Douglas Alfonso Linares Rivera.

En cuanto a la prueba que había ofertado la defensa de Linares y su hijo, resolvió aceptar de manera parcial, ya que encontró “inútil” y “superflua” pruebas en cuanto a declaraciones de testigos y documentación.

La Cámara también ordenó solicitar al presidente de la Corte de Cuentas una perito, quien se encargará de realizar un análisis financiero, y analizar la prueba que fue admitida.

La audiencia probatoria contra de Eduardo Linares fue programada para el próximo 25 de abril del 2023, donde se determinará si se enriqueció o no ilícitamente.

La demanda.

La Fiscalía detalló que a Eduardo Linares le demanda la cantidad de $248,598.49 mientras que a su hijo, Douglas Alfonso Linares Rivera, la cantidad de $22,010.98.

El enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía, habría pasado cuando fungió como funcionaria público en el periodo de 2009 a 2011, por cinco irregularidades, entre ellas, depósitos en efectivo a cuentas de ahorro, adquisición de bienes inmuebles y pagos de tarjetas de crédito.

Mientras que al hijo de Linares fue demandado por tres irregularidades, las cuales son depósitos en efectivos a cuentas de ahorro.

La demanda fue presentada en febrero del 2022, luego que Eduardo Linares no pudo justificar su legítima procedencia ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.