“Admitir el recurso de apelación interpuesto por los defensores...declarar no ha lugar dicha alzada...confirmar la detención provisional impuesta a los imputados Fidel de Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alexandro Laínez García”, dice la resolución del 5 de mayo de la Cámara.
Los seis exguerrilleros permanecen en detención desde el 11 de enero de este año. Actualmente el proceso está en la etapa de instrucción.
La apelación había sido interpuesta por la defensa el pasado 14 de febrero, en desacuerdo con la decisión del Juzgado de Paz de Victoria, así mismo, de la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque en audiencia de revisión de medidas de mantener la detención provisional.
La defensa argumentó razones humanitarias, en cuanto a los quebrantos de salud de los imputados, de igual forma, por la avanzada edad, al ser una población de riesgo.
La resolución de la Cámara fue firmada por los magistrados Fernando Pineda Pastor y José María Zepeda Grande, este último suplente debido a la separación por parte de la Sala de lo Penal del magistrado propietario Martín Rogel Zepeda, debido a una recusación de la Fiscalía General de la República bajo los argumentos por lazos familiares con una exdiputada del FMLN, relacionada con los procesados. Mientras que el magistrado Pineda Pastor emitió su voto al ser llamado para resolver un empate en la resolución, ya que el magistrado Santiago Alvarado Ponce emitió voto a favor de las medidas sustitutivas a la detención. Este último magistrado, en su voto justificó como “desproporcionado” la detención provisional, diciendo que debe ser excepción y no la regla por aplicación.
En cambio la resolución definitiva de la Cámara, justificó mantener la medida debido al peligro de fuga de los acusados, ya que existe la probabilidad que intenten eludir la acción de la justicia.
Ante la decisión de la Cámara, los habitantes de Santa Marta, a través de un comunicado, rechazaron el fallo y lo calificaron de vergonzoso.
“Rechazamos enérgicamente esta vergonzosa resolución que solo se explica por la genuflexión de jueces intimidados por el régimen de Nayib Bukele, la pérdida de la independencia judicial y la instrumentalización del sistema jurídico para perseguir penalmente líderes comunitarios”, afirmó la comunidad Santa Marta.
Los seis capturados son señalados de ser exguerrilleros miembros de la Resistencia Nacional (RN) acusados de los delitos de asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989.